Bukele desafía críticas por represión: “Me tiene sin cuidado” ser llamado dictador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha reafirmado su postura desafiante ante las crecientes críticas nacionales e internacionales por su gestión autoritaria y la presunta violación sistemática de los derechos humanos.

En un discurso realizado el pasado domingo en el Teatro Nacional, Bukele respondió con desdén a quienes lo acusan de dictador: “Me tiene sin cuidado”, dijo, en una frase que marca el tono de su segundo mandato, iniciado bajo un régimen de excepción que ya ha dejado más de 86 mil personas detenidas, muchas de ellas sin debido proceso.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han denunciado que el modelo de seguridad implementado en El Salvador, si bien ha disminuido los niveles de criminalidad, ha sido a costa de libertades fundamentales, como el derecho a la defensa, a un juicio justo y a la libre expresión.

Una de las señales más preocupantes es la reciente detención de la abogada Ruth López, vinculada a una ONG de derechos humanos, bajo cargos que sectores civiles consideran una represalia política. Su arresto es visto por diversos observadores como parte de una ofensiva contra las voces críticas del régimen.

Bukele, quien llegó al poder en 2019 con la promesa de erradicar las pandillas, ha sido reconocido por sectores de la población por lograr mayor seguridad en las calles. No obstante, la represión de activistas, el cierre del espacio cívico y las detenciones arbitrarias configuran un escenario preocupante para el estado de derecho.

El presidente ironizó sobre las acusaciones, declarando que “cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político”. Así, desacredita a quienes desde dentro y fuera del país denuncian una deriva autoritaria que amenaza las bases democráticas.

Desde el inicio del régimen de excepción en 2022, diversas denuncias apuntan a violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas y muertes en prisión. La falta de transparencia y el silencio judicial ante estas acusaciones alimentan el temor de que El Salvador esté transitando hacia una dictadura moderna con amplio apoyo popular.

Bukele también criticó a congresistas estadounidenses y a la prensa extranjera que han cuestionado su régimen. “Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, afirmó, defendiendo las detenciones masivas y calificando de "delincuentes" a los deportados desde EE.UU., incluyendo salvadoreños y venezolanos.

Pese a los cuestionamientos de su reelección —considerada inconstitucional por muchos juristas—, Bukele mantiene un respaldo popular alto. Sin embargo, la comunidad internacional observa con creciente preocupación lo que varios analistas califican como una consolidación del autoritarismo en un país históricamente marcado por la violencia y la desigualdad.

El caso salvadoreño plantea un dilema de fondo: ¿puede un Estado garantizar seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales? Para muchos defensores de derechos humanos, el precio que está pagando El Salvador es demasiado alto.

La directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, lo resume así: “Estamos ante la consolidación de una dictadura disfrazada de orden”. El futuro político del país dependerá, en gran parte, de la capacidad de su sociedad civil y del sistema internacional para exigir transparencia, justicia y respeto irrestricto a los derechos humanos.