Concejales republicanos denuncian millonario arriendo del SLEP Marga Marga ante Contraloría

Los ediles Alejandro Gazmuri y Mónica Neira cuestionan la suscripción de un segundo contrato de subarrendamiento por más de 25 mil UF a cinco años y advierten eventuales vulneraciones a los principios de eficiencia y racionalidad del gasto público.

Los concejales Alejandro Gazmuri Sanhueza, de Villa Alemana, y Mónica Neira, de Quilpué, ambos del Partido Republicano, presentaron una denuncia formal ante la Contraloría Regional de Valparaíso por el contrato de subarrendamiento suscrito por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Marga Marga para el funcionamiento de nuevas oficinas administrativas en la comuna de Quilpué.

La acción apunta a la Resolución Exenta 150, de fecha 3 de septiembre de 2025, que aprueba el subarriendo del inmueble ubicado en avenida Los Carrera 754, con una vigencia de 60 meses y un monto total comprometido de 25.622,04 UF, según consta en el acto administrativo .

De acuerdo con la resolución, el contrato contempla un canon mensual de 278,66 UF, además de un costo de habilitación ascendente a 8.902,44 UF, pagadero en 36 cuotas, lo que durante los primeros 34 meses eleva el desembolso mensual a 525,95 UF . El inmueble se suma a las dependencias ya arrendadas por el SLEP en calle Mena 997, también en Quilpué.

El concejal Alejandro Gazmuri, vicepresidente de la Comisión de Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, sostuvo que la situación “es grave y muy preocupante”, al tratarse de recursos públicos comprometidos por varios años. “Pasar de 0 a 36 millones de pesos mensuales en arriendo es lo que nos molesta, porque esos recursos debieran ir directamente a los niños. No estamos hablando sólo del arriendo, sino también de gastos de servicios básicos e internet”, afirmó.

Gazmuri enfatizó que la crítica no apunta a personas determinadas, sino al diseño del modelo. “No es una discusión ideológica, es una discusión de buena administración. Cuando hablamos de más de 25 mil UF comprometidas a cinco años, estamos hablando de plata de todos los chilenos, y esos recursos deben administrarse con eficiencia, con racionalidad y con total transparencia”, señaló.

En su presentación ante el órgano contralor, el edil expone que no se acompañan estudios técnicos suficientes que justifiquen la necesidad de un segundo inmueble, considerando que el edificio ya arrendado en calle Mena cuenta con una superficie aproximada de 471 metros cuadrados y alberga a 49 funcionarios . A juicio del concejal, no constan informes de redistribución de espacios ni evaluaciones que acrediten la imposibilidad objetiva de continuar operando en ese lugar.

Asimismo, la denuncia plantea que no se advierten antecedentes públicos sobre estudios de mercado inmobiliario, procesos documentados de búsqueda de alternativas más económicas o criterios formales que expliquen la elección de un inmueble emplazado en un centro comercial.

La concejala Mónica Neira respaldó la acción y sostuvo que los antecedentes conocidos “exigen una revisión inmediata y rigurosa”. A su juicio, no se trata de un trámite administrativo menor, sino de compromisos financieros que se proyectan por varios años presupuestarios y que inciden directamente en los recursos destinados a la educación pública.

“Como representantes de la comunidad, nos asalta una duda razonable: si estos millonarios contratos cumplen con los principios de eficiencia y racionalidad. El Estado no sólo debe actuar dentro del marco de la ley, sino también con una ética de austeridad”, manifestó la edil.